Bolivia: Las elecciones de la discordia

*Por Jonathan Arriola.

Definitivamente desde la asunción de Evo Morales para acá un conjunto de hechos recientes han puesto a Bolivia en el mismísimo centro de la atención latinoamericana así como también de la escena extra continental. Y es que sea cual sea la óptica que utilicemos para abordar la problemática de esta “nueva” Bolivia, nadie puede calificar de “tibios” a los hechos políticos, sociales y económicos que allí se suceden a diario; por el contrario, cada evento acaecido en el país indígena parece estar dotado de una vertiginosa contundencia.

Hagamos un breve repaso de aquellos: el año pasado atestiguamos el proyecto y la subsiguiente aprobación de una nueva Constitución que, entre muchas otras cosas, preveía un profundo replanteamiento de la estructura gubernamental boliviana buscando, a través de ella, ponerle punto final a las fuertes aspiraciones autonómicas que ciertos departamentos (Santa Cruz, Pando, Beni y Tajira) expresaron durante todo el 2008. Por otro lado, y simultáneamente, la recién aprobada nueva Constitución apuntaba a atender a la noción, hartamente invocada durante el gobierno de Morales, de la “plurinacionalidad” boliviana y que hace referencia al reconocimiento jurídico explícito de las diversas culturas indígenas que integran a Bolivia. También en la segunda mitad del año pasado, el propio gobierno resolvió someterse voluntariamente, pero como consecuencia directa de los fuertes cruces con la oposición que cuestionaban la legitimidad de su mandato, a una especie de “juicio ciudadano” en un referendo revocatorio. Dicho referendo resolvía, nada más ni nada menos, que la continuidad en el poder de Morales y su equipo de gobierno; situación de la cual el presidente indígena salió avante con más del 60% de la aprobación popular.

Este año lejos de haberse “calmado las aguas” en la arena política, el panorama parece estar más agitado que nunca de cara a las próximas elecciones a celebrarse el próximo 6 de diciembre. Unas elecciones por demás especiales, atendiendo a las serias posibilidades de que se concrete el segundo mandato del actual presidente. En este contexto de incertidumbres políticas, se suscitó el pasado 10 de abril un hecho particular. Entre dimes y diretes, la oposición, el día en que hubo que votar la ley electoral, tal y como estipulaba la nueva Constitución, que regulaba todo lo referido a las próximas elecciones, decidió retirarse del Congreso objetando varias propuestas contenidas en ella.  Por una lado que, tal y como estaba planteada, otorgaba ventajas reeleccionista para Evo Morales; por otro, se exigía un nuevo padrón de votantes por considerar que el vigente tenía ciertas irregularidades que sesgarían la elección. En tercer lugar se rechazó la idea de que los bolivianos radicados en el extranjero pudieran votar. Finalmente, se impugnaba la posibilidad de otorgar 14 escaños fijos dentro del Congreso a los pueblos indígenas a partir de las elecciones próximas.

En este contexto Morales junto a muchos de sus seguidores, y recordando sus días como dirigente del movimiento cocalero boliviano, anuncia su peculiar accionar: hacer una huelga de hambre como medida de protesta y en “defensa del pueblo y de la Constitución”. En el ámbito internacional, las reacciones no se hicieron esperar. El “eje bolivariano” se solidarizó inmediatamente con la medida que, según Hugo Chávez estaba en total sintonía con las aspiraciones bolivarianas: liberar a los pueblos de las “cadenas del neoliberalismo”. En Argentina y España, por su parte, ciertos grupos de inmigrantes bolivianos hicieron escuchar su voz al reclamar su derecho a voto, pese a estar radicados en el extranjero.

A partir de la deserción de la oposición, las reuniones para aprobar la ley, huelga de hambre de por medio, fracasaron una a una debido al alto nivel de conflictividad entre las partes. No sería sino hasta la madrugada del martes pasado cuando los involucrados llegarían a un arreglo que pondría fin a la cuestión, y a la huelga de Morales y sus partidarios. La oposición aprobó la ley luego de que fuese saneado el tema medular: pese a lo costoso, Morales finalmente aceptó financiar un nuevo padrón electoral. En cuanto a los demás puntos estipulados por la ley podemos decir que el voto consular siguió en pie mientras que se acordó la reducción de 14 a 7 escaños para los grupos indígenas dentro del Congreso boliviano.

Al estudiar el proceso y los resultados de la negociación surgen varios elementos dignos de un análisis. Es preciso comenzar por la huelga de hambre de Morales frente a la negativa dada por la oposición en relación con el proyecto de ley oficialista. Debemos señalar, en primera instancia, que la decisión de Morales, para quienes no habitamos en el país andino (y supongo que también para muchas personas que viven allí), nos resulta, en una primera lectura, sino grotesca, insólita. Por un lado se anuncia que la medida apunta a “proteger la Constitución”, sin embargo, la vigilancia de dicha norma no le corresponde al poder ejecutivo (y menos con una acción de dicho calibre), sino al judicial; una confusión que puede llegar a resultar potencialmente nociva, a la larga, para cualquier democracia. Sin embargo, la abstinencia alimenticia de Evo tiene implicancias aún mucho más profundas en cuanto a lo que hace al propio poder estatal boliviano. En un país de régimen presidencialista y en donde la centralización del mando ha sido severamente cuestionada y en donde el poder estatal mismo ha actuado severamente acotado debido a las penurias económicas y fragilidades institucionales, que un Jefe de Estado se atrinchere en una huelga de hambre, en una especie de “puja por el poder”, no parece ser, por lo menos a primera vista, una medida que contribuya a reforzar el poder del ejecutivo, más bien lo debilita y lo expone a ser vulnerado. Eso sin mencionar  que, pese a que Morales resaltó el carácter pacífico de su decisión, podría haber estado reavivando innecesariamente viejas pasiones políticas, más sabiendo que dicha excitación casi lleva a Bolivia, unos meses atrás, al borde de una hecatombe generalizada.

Si, en estos términos, la actitud de Morales es digna de crítica, igualmente es reprochable la actitud de la oposición que, desatendiendo las reglas democráticas, se retiró caprichosamente del Congreso sin mostrar señales, al menos los primeros días, de acercamiento con el gobierno.

En otro ámbito, cabe preguntarse acerca de los efectos de la negociación. Desde el punto de vista político, la idea de realizar un nuevo padrón electoral, y de implementar un sistema biométrico con tecnología de punta –habrá un registro de las huellas dactilares de los votantes que incluirá rúbrica digitalizada y fotografías personales- puede parecer oportuna ya que, a priori, parecería contribuir a reforzar el frágil equilibrio entre oposición y gobierno, por lo menos en lo que a materia electoral se refiere. Sin embargo, resulta sorprendente que un país pobre como Bolivia destine 35 millones de dólares a la implementación de dicho sistema informático, más si tenemos en cuenta que el sistema electoral anterior contaba con el visto bueno de la OEA –además, la Corte Nacional Electoral de Bolivia indicó, en su momento que instalar un nuevo sistema informático podía ser inconveniente por cuestiones de tiempo-. Igualmente, tal vez ése sea el precio que deben pagar los bolivianos para evitar que el gobierno que surja de las próximas elecciones se zambulla en una crisis de proporciones mayores si no se le reconoce como legítimo o se aleguen cuestiones electorales para desestabilizarlo. Algo es seguro: por lo pronto, la oposición ha visto positivamente la implementación de dicho sistema.

Resulta penoso que un país cuyo potencial económico y cultural es realmente extraordinario no encuentre un camino para zanjear de manera justa sus grandes disputas políticas, sin embargo, y viendo los últimos acontecimientos, podemos afirmar que Bolivia se dirige a unas elecciones históricamente cruciales aún presa de discursos, de “izquierda” y de “derecha”,  claramente radicalizados.

Prometemos seguir de cerca el desenvolvimiento de los hechos, de aquí en adelante.

 *Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales.
Depto. de Estudios Internacionales

 FACS - ORT Uruguay

Publicado en la Revista digital LETRAS INTERNACIONALES

Año 3 - Número 56/ Jueves 23 de abril de 2009
Montevideo - Uruguay