La difícil “refundación” de Bolivia

*Por Jonathan Arriola.

Una serie de acontecimientos que se dieron a lo largo de la historia boliviana contemporánea ponen de manifiesto que dicha nación ha tenido particulares problemas en constituirse como tal.

Evo Morales, el actual presidente boliviano, se propuso, según sus propias palabras, "la refundación" del país indígena y la recuperación de la tierra boliviana para los bolivianos. Desde esta lógica impulsó medidas tales como la implementación de una reforma agraria, que apuntó a la redistribución de la tierra, así como la tan controversial nacionalización de los hidrocarburos. Estas decisiones profundas, por apuntar a cambios estructurales, no se efectuaron sin tener importantes repercusiones tanto en el ámbito nacional, como en el internacional (sobre todo en el caso de los hidrocarburos).  La imposición de estos cambios económicos no fue tarea fácil,  sin embargo, parece ser que la refundación de Bolivia, que pretende una “plurinacionalidad” boliviana, se presenta como una empresa que, por su envergadura, es más complicada de sobrellevar que lo  inicialmente previsto. Las severas diferencias, tanto políticas como socio-culturales, que están apareciendo en el país parecen ser la inequívoca  causa de que la problemática de una refundación nacional desde la “plurinacionalidad” puede resultar una empresa muy riesgosa.

Es que esa “plurinacionalidad” no apunta solamente a la aceptación de la “multiculturalidad” de las diferentes raíces étnicas bolivianas; en realidad es mucho más ambiciosa y pretende el reconocimiento explícito de las distintas formas políticas emanadas, directamente, de esa “multiculturalidad”.

En este sentido la Asamblea Constituyente boliviana aprobó, en 2007, una nueva Constitución (sujeta al “visto bueno” popular para su entrada en vigor en 2008)  que persigue la proclamada “refundación”. Esta nueva norma jurídica máxima, impulsa medidas tales como la creación de una Asamblea Legislativa Plurinacional que contemple la participación plena de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de las formas de organización anteriores a la invasión española (incluyendo, por ejemplo, la aplicación de una justicia comunitaria indígena que prevé la peculiar medida de aplicar latigazos para los delincuentes). 

El acto en el cual se realizó la aprobación de la Constitución, se caracterizó por una acentuada ausencia de la oposición derechista que, desde el punto de vista simbólico, manifiesta una profunda fractura política en el país. Las diferencias políticas entre el partido de gobierno y la oposición reflejan, de manera directa, las tensiones vividas entre los propios ciudadanos bolivianos. El debate principal, se esgrime alrededor de las autonomías. Mientras el gobierno aspira a la fundación de un Estado plurinacional y comunitario (dejando espacio para la convivencia, por ejemplo de diversos órdenes jurídicos) la oposición rechaza, tajantemente, dicha propuesta y aspira a la autonomía y autogobierno, argumentando que así se reconoce, íntegramente, la identidad cultural de los diferentes pueblos que habitan Bolivia.
 
La esfera política de este país ha sido sometida, al igual que toda la sociedad boliviana, a constantes inestabilidades que la desproveyeron del suficiente arraigo  como para lidiar con problemas como estos. En condiciones óptimas, los conflictos que se plantean en el seno de todas las sociedades son normalmente dirimidos en la esfera política. Sin embargo, la debilidad de la sociedad política y la fuerte conflictividad que se ha instalado en ella, se traslada, en el caso de Bolivia, en un paradójico proceso inverso que reenvía el conflicto directamente al terreno social. 

Los intentos autonómicos, en los departamentos de Santa Cruz, Beni,  Pando y Tajira (recientemente) son la manifestación directa de este proceso. El espacio nacional boliviano parece estar dividido, territorial, cultural y políticamente hablando, entre oposición y  gobierno. Allí es donde, materialmente, se zanjan las diferencias, disputándose la simpatía del “pueblo” en una especie de pulseada en la cual todo vale.

La oposición cuenta con un gran apoyo en los departamentos anteriormente nombrados que son, paradójicamente, los que están promoviendo la obtención de la mayor autonomía del gobierno de La Paz. Los intereses económicos que acompañan dicho deseo se hacen evidentes cuando tenemos en cuenta que, estos departamentos, son los que poseen más cantidades de hierro, gas natural y diversas materias primas de valor estratégico. El manejo de estos recursos es preocupación de ambos bandos, pero la concepción de su utilización parece ser completamente antagónica: mientras Morales declara que el capitalismo es el peor enemigo del ser humano, sus opositores se posicionan directamente en las antípodas de dicho discurso y miran con recelo cualquier acción de izquierda que pueda ser puesta en marcha por el gobierno declarado “socialista”.

Es a través de la “autonomía consensuada” que se generaría a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución, que el gobierno boliviano pretende generar un acercamiento con sus opositores. Esto le permitiría recuperar en algo su capacidad de centralización que, en un país pobre como el boliviano, es difícil de imponer.

Si bien los intereses económicos son muy importantes para entender el conflicto, sería absurdo e ingenuo reducir la polifacética realidad a una visión puramente económica de los hechos. Es por eso que cabe destacar el ingrediente cultural que condimenta  aún más la problemática. Es preciso recordar que dentro de la nación boliviana conviven más de 30 pueblos indígenas diferentes que, por razones culturales obvias, tienen diversas percepciones sobre lo que son los sistemas económicos, políticos y hasta jurídicos. El origen indígena del presidente Evo Morales le facilita el amplio apoyo de estos pueblos que han sido, indudablemente, los más castigados por los avatares económicos de la historia del país.

Basado en la simpatía de las masas indígenas, el planteo populista de Morales se abre paso, generando así nuevas divisiones sostenidas en la fuerte identificación cultural de la mayoría de estos pueblos con el gobierno. La gravedad de la situación se acentúa más cuando tenemos en cuenta que existe en Bolivia un alto grado de discriminación entre indígenas y no indígenas: un 70,8% dice percibirla, de acuerdo a un informe de la “Fundación UNIR” de 2006 y, según el mismo informe, existe, además, un muy bajo relacionamiento inter-cultural. 

La aspiración a la “plurinacionalidad”, en un país donde la formalidad de la toma de decisiones es dudosa y el sentido de la obligatoriedad de las normas expedidas harto relativo, tiene mucho de quimérico cuando, por otra parte, no existe un alto grado de identificación con el régimen. Es más, en los departamentos donde se aspira a la autonomía, el gobierno no registra niveles de adhesión significativos. Las aspiraciones separatistas, como las llama Morales, no parecen ser solamente caprichos de unos cuantos departamentos, sino que son avaladas por factores culturales y por la propia historia boliviana. Teniendo en cuenta que, desde la modernidad, vivimos en un mundo donde los Estados siempre aspiraron (con mayor o menor éxito) coincidir con sus naciones, las aspiraciones separatistas comienzan a aparecer como justificadas y naturales cuando se les pretende manejar desde una “plurinacionalidad”  cuyo contenido concreto no les convence.

Sea cual sea el desenlace de este proceso, queda claro que la administración de Morales tendrá que apelar a la negociación y deberá armonizar los intereses políticos, económicos, culturales y de todo tipo que priman en determinados departamentos, con los intereses generales que está obligado a defender como Jefe del Estado ¿plurinacional? boliviano.

*Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales.
Depto. de Estudios Internacionales

 FACS - ORT Uruguay

Publicado en la Revista digital LETRAS INTERNACIONALES

Año 2 - Número 27 / Jueves 26 de junio de 2008
Montevideo - Uruguay